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NUEVA LEY PARA FAVORCER LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INTRODUCCIÓN.
Las personas discapacitadas que hasta ahora cobraban una pensión no contributiva, en el momento de acceder a un puesto de trabajo la perdían o veían como se les reducía. Dejar de percibir la pensión adicional por trabajar y el miedo a perder dicha pensión o a tener dificultades de recuperarla en el momento de cesar la actividad profesional, son circunstancias que dificultaban hasta ahora el acceso de personas discapacitadas al mercado laboral. Las personas discapacitadas debían renunciar a la seguridad de una pensión a cambio de la incertidumbre que proporciona un contrato laboral.

Con la entrada en vigor de la Ley 8/2005, de 6 de junio para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, se flexibiliza la penalización del ejercicio de una actividad lucrativa. Los preceptores de estas pensiones, podrán compatibilizarlas con un trabajo durante los cuatro años siguientes al inicio del mismo. De esta forma con la entrada en vigor de esta nueva ley, las personas discapacitadas tienen la oportunidad de incorporarse en el mercado de trabajo de forma progresiva. La seguridad que les proporciona mantener la pensión no contributiva y poder sumarla a la compensación económica recibida por el trabajo desarrollado, les permite aventurarse y ganar confianza para intentar acceder a un empleo y eso sin duda abre la puerta a su plena integración socio-laboral. SUGUE

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OBLIGATORIEDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR LAS EMPRESAS


Las empresas públicas y privadas, que empleen a un número de 50 o más trabajadores, vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa.
De manera excepcional las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de la obligación de contratar personas con discapacidad, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas determinadas reglamentariamente. SIGUE



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400 MILLONES DE EUROS MAS PARA LA LEY DEPENDENCIA

El Gobierno destinará 400 millones de euros extras para potenciar y acelerar la ley de dependencia , cuyo reparto por comunidades autónomos ha decidido el consejo territorial de la dependencia, presidido por la titular de Educación ,Política Social y Deportes ,Mercedes Cabrera , y con el que se mejorará y ampliará la red de atención a la dependencia.

Esta partida de 400 millones de euros se incluye en el reciente fondo extraordinario del Estado que el Gobierno ha incluido en el plan Español para la Estimulo de la Economía y del empleo (Plan E). De esta forma se eleva la inversión del estado en materia de dependencia para el 2009 hasta los 1.559 millones de euros , un 79 % más que la inversión destinada en el 2008.

El reparto de esta partida a las Comunidades Autónomas permitirá a estas financiar inversiones en nuevos centros, servicios y plazas para atender a las personas en situación de dependencia y modernizar centros y servicios existentes. Mercedes Cabrera destacó tras la reunión del Consejo Territorial
que esta aportación significa un impulso importante para reforzar y consolidar la red de servicios y atención , de manera que cada vez mas personas disfruten de los beneficios a los que la ley les da derecho.

Los programas que se financiaran podrán ser , en cuanto a la consolidación y mejora de la oferta de la red de servicios existentes, de modernización de centros e instalaciones dedicados a la prestación de servicios de atención a la dependencia ; de adecuación de centros y servicios a las exigencias normativas ; o de transformación de plazas residenciales para atender a personas en situación de dependencia .
Asimismo la inversión podrá destinarse a la formación y cualificación de profesionales para el sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.


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Valoración de la discapacidad

Los centros de valoración de la discapacidad anteriormente perteneciente al Inserso y denominados Centros Base, son en la actualidad competencia de las Comunidades Autónomas.

La valoración de la discapacidad expresada en porcentaje, se determinará mediante la valoración física, psíquica o sensorial de la persona con presunta discapacidad como, en su caso, de los factores sociales complementarios que les afecten. Este cometido lo llevan a cabo los E.V.O(Equipos de Valoración y Orientación)compuestos por un Médico, Psicólogo y Trabajador Social en todo el territorio español.

Se considerará la existencia de discapacidad cuando, a consecuencia de las valoraciones efectuadas, se alcance un grado igual o superior al 33 por 100 de la misma. A partir de este momento la persona obtendrá el certificado de discapacidad que es el documento oficial expedido por la Administración pública válido en todo el territorio nacional mediante el cual se acredita la condición (Temporal o definitiva) de la discapacidad y es la puerta de entrada a los recursos y beneficios que hacen posible la igualdad entre las personas con discapacidad y las personas sin ella.

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¿PARA CUANDO UNA REALIDAD?
Impulso a la inclusión de estudiantes con discapacidad en Bachillerato y FP
Redacción de ACCESIBLE (6-2-09)La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha asegurado que el Gobierno impulsará un plan de inclusión educativa de alumnos con discapacidad que se extienda al Bachillerato y a la Formación Profesional.

Aprovechando que se encontraba en un congreso organizado por la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), la ministra Mercedes Cabrera destacó la importancia de integrar a todos los niños con discapacidad en el sistema educativo. Por ello, garantizó que “el Gobierno va a hacer cuanto esté en su mano para que ese objetivo llegue a ser una realidad”.

Según Cabrera, “desde hace unos años se está viviendo un nuevo concepto de la discapacidad que ha llevado al resto de la ciudadanía a entender que los afectados también son personas con todos sus derechos, entre ellos, el de la educación”. En este sentido, valoró muy positivamente el modelo de integración propuesto por FEAPS ya que “hace del niño el centro de la organización del sistema educativo”, algo que, según sus palabras, ya se marcó la Ley Orgánica de Educación.

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